Activistas de derechos humanos señalaron a IPS que, además de las pruebas de los delitos, también se confirmaría los vínculos que muchos aseguran existieron entre el ejército y los escuadrones de la muerte, dado que varios detenidos incluidos en el dossier fueron desaparecidos posteriormente por esos grupos paramilitares de ultraderecha.
El documento castrense, con nombres y fotografías de 1.975 personas calificadas de “delincuentes terroristas”, lleva por título de “Libro Amarillo” y fue presuntamente elaborado por la jefatura militar, pues en cada una de las 270 páginas aparecen inscritas las siglas del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA).
“El libro demuestra que eran ciertas todas las denuncias que hicimos, de que los cuerpos de seguridad y el ejército estaban detrás de las desapariciones forzadas, operando como escuadrones de la muerte”, señaló a IPS la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), Guadalupe Mejía.
“A los que capturaban, les tomaban una foto antes de asesinarlos, de allí que el Libro Amarillo es una evidencia fiel de las ejecuciones sumarias del ejército, que operaba como escuadrón de la muerte”. Carlos Santos.
El Libro Amarillo fue encontrado hace unos tres años, escondido en un recoveco de una casa en San Salvador, por alguien que se estaba mudando. IPS y el diario mexicano La Jornada tienen una copia del informe.
Carlos Santos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Sobrevivientes de Tortura (ASST), dijo que unas 250 personas que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas investigó como víctimas de desapariciones forzadas están en el documento, confirmando que en algún momento fueron detenidos por unidades militares o policiales.
“Recoge nueva evidencia de que militares del ejército fueron quienes capturaron (a los desaparecidos). Todos sabíamos que eran ellos, pero no había evidencia”, destacó Santos a IPS.
Aparte de pruebas testimoniales y documentales que confirmó en los años 80 ese nexo, no se había conocido hasta ahora de un informe militar oficial que reafirmara ese vínculo.
El informe “confidencial” está fechado en julio de 1987, pero contiene nombres de detenidos en las dos décadas anteriores, por lo cual se cree que ese año es cuando se hizo la última actualización.
El Salvador vivió una brutal guerra civil desde 1980 a 1992, cuando el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno de entonces del derechista Alfredo Cristiani.
Se calcula que 75.000 personas murieron y que unas 8.000 permanecen desaparecidas, víctimas en muchos casos de los temibles escuadrones de la muerte que intentaron frenar con brutales asesinatos, desapariciones forzadas y distintas modalidades de torturas el avance del movimiento insurgente.
Muchas de las fotografías del informe revelarían que han sido tomadas en los cuarteles militares o policiales, pues las imágenes mantienen el mismo patrón de personadas arrimadas a un muro, desaliñados, con la mirada angustiada y hasta golpeados.
Se cree que otras provienen de documentos de identificación obtenidos por la inteligencia militar en algún registro municipal, y también hay algunas captadas con cámaras provistas de lentes teleobjetivo cuando a las víctimas se les perseguía de modo encubierto.
El informe militar incluye a los máximos dirigentes del FMLN, quienes eran los más buscados, así como a intelectuales de izquierda y a obreros, campesinos, sindicalistas y demás dirigentes sociales de la época, todos considerados “terroristas” por las autoridades.
“El libro evidencia que estas personas fueron capturadas por los cuerpos de seguridad y luego torturadas. Se llenó un archivo y optaron por desaparecerlas, o sea asesinarlas”, y ocultar sus cuerpos, dijo a IPS el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.
Santos añadió: “A los que capturaban, les tomaban una foto para archivarla antes de asesinarlos, de allí que el documento es una evidencia fiel de las ejecuciones sumarias cometidas por el ejército, que operaba como escuadrón de la muerte”.
El dossier registra casos como el de Abel Enrique Orellana, incluido en la lista de desaparecidos de Codefam y que está en el Libro Amarillo, un estudiante de medicina que fue capturado el 18 de agosto de 1981 por unidades de la Guardia Nacional cuando tenía 25 años de edad.
IPS cotejó más nombres del listado de Codefam y de otras organizaciones con el proveniente del ejército. Así se pudo ver la coincidencia de nombres como el de Ana Elizabeth Alvarado García, desaparecida en junio de 1982, el de Julio César Ávalos Hernández, en noviembre de ese mismo año, o el de Felipe Oswaldo Ayala Portillo, en julio de 1983, entre muchos otros.
Algunos lograron sobrevivir a la captura y confinamiento en oscuras celdas, como sucedió a Cunegunda Peña, una mujer ahora de 77 años que fue capturada el 9 de marzo de 1977 por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, unidades desmontadas tras los acuerdos de paz por su vinculación con violaciones a los derechos humanos, al igual que la Policía de Hacienda.
Los agentes, contó Peña a IPS, irrumpieron ese día en su casa en busca de sus tres hijos, quienes ya estaban organizados en las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco guerrillas que conformaban el FMLN, hoy un partido legal que sustenta la Presidencia de Mauricio Funes.
“Como no están tus hijos, te vamos a llevar a vos”, narró Peña que le dijeron los agentes. Al llegar a la sede de la Policía Nacional, la fotografiaron y por eso ella aparece en el Libro Amarillo. Pasó seis meses encarcelada, pero finalmente fue dejada en libertad.
“Oía gritos cuando estuve presa, como si estuvieran descuartizando a gente”, contó. Uno de sus hijos, Manuel Martínez Peña, permanece desaparecido desde junio de 1980, por lo cual se presume que fue finalmente capturado y ejecutado.
Los activistas entrevistados por IPS sostuvieron que la amnistía suscrita en 1993, un año después de firmado el acuerdo de paz, impide que la justicia persiga a los responsables de violaciones a los derechos humanos perpetrados en la guerra civil.
Sin embargo, ya hay antecedentes de jefes militares juzgados en el extranjero por ser los responsables de esos hechos.
En 2002, los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, ambos ministros de Defensa en los años 80, fueron declarados culpables por un tribunal estadounidense por prácticas de torturas cometidas por unidades bajo su mando contra tres salvadoreños. Fueron condenados a pagar 54,6 millones de dólares.
El actual ministro de la Defensa, general José Atilio Benítez, no atendió los múltiples llamados de IPS para indagar si el documento pudo haber salido de alguna oficina de esa cartera.
fonte:IPS
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