La represión a indígenas criticada por la sociedad se cobró la renuncia de la ministra de Defensa, del Ministro de gobierno y no alcanzó con la suspensión del tramo II y el pedido de perdón, ya que la marcha se rearticula y pide la suspensión definitoria de la carretera por el TIPNIS.
Hace poco más de un mes que comenzó la marcha de los pueblos indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) entre Cochabamba y Beni en rechazo a la carretera que el Gobierno pretende construir para unir ambos departamentos atravesando un parque nacional y hogar de más de 25 mil indígenas.
Los indígenas rechazan la construcción de dicha carretera, financiada en gran medida por el gobierno de Brasil (una de las ocho potencias mundiales), y también plantean un pliego de 16 puntos, ya rechazado por el gobierno, en donde se incluye el cese del pago de los bonos Juancito Pinto, Juan Azurduy de Padilla y renta Dignidad, para que esos recursos sean destinados al Fondo Indígena. También se pide la anulación de las transferencias de recursos fiscales a gobernaciones y municipios, además de la paralización de la exploración de campos petroleros en aéreas protegidas.
Hace días en la localidad de Yucumo estaban detenidos los marchistas, algo más de 2.000 personas, que instalaron sus carpas en esa zona. Un contingente de 400 policías los separaban de un centenar de colonizadores o cultivadores de coca que prometieron no dejar pasar la marcha mientras los indígenas no se sienten a dialogar con el gobierno.
Fue el canciller Choquehuanca para intentar destrabar el conflicto y según las versiones del gobierno fue forzado a acompañar la marcha 7 km y fue usado como escudo humano para traspasar la barrera del contingente policial.
Al día siguiente una feroz represión impulsada por el gobierno conmocionó a la opinión pública boliviana y se ganó el repudio de vastos sectores.
Activistas, universitarios y ex dirigentes del MAS como Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras; Gustavo Guzmán, ex embajador del actual gobierno en EEUU; Loyola Guzmán, ex guerrillera y ex asambleista constitucional; Óscar Olivera, dirigente fabril y una de las cabezas durante la Guerra del Agua en Cochabamba; Lino Vilca, ex senador del MAS y el cantautor Luis Rico, entre otros hicieron públicas sus críticas hacia la actitud del gobierno.
Desde La Paz, Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, investigadora y defensora de la hoja de coca vinculada al movimiento indígena y cocalero, criticó duramente al gobierno. “Yo siento que aquí hay un velo de mentiras, de chantajes, una insensibilidad humana, una capacidad de cinismo, cuando le escucho decir a mi ex colega Álvaro García Linera que implora el diálogo, no hay quien se le ponga en frente y le diga en qué condiciones ustedes están implorando, con qué palabras mentirosas están implorando, por qué no pueden decir la verdad, por qué tienen que manipular de esa forma, cuando le están metiendo gases a los hermanos guaraníes, cuando están hiriendo gente, cuando están confiscando víveres, cuando están poniendo en riesgo la vida de niños y mujeres”, sostuvo.
Otros frentes que han brindado su apoyo a la marcha indígena son la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq) con bloqueo de carreteras. En tanto, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central Obrera Boliviana (COB) son algunas de las organizaciones que se reunirán para respaldar la marcha por el TIPNIS.
Pero los ánimos no son los mejores entre colonizadores e indígenas. Los primeros hostigan a los segundos con la explosión de cachorros de dinamita y petardos. Los segundos portan arcos y flechas que blanden en señal de amenaza.
Entre tanto, el gobierno descalificó constantemente la marcha indígena. Primero se acusó a las ONGs, partidos de derecha, Embajada de EEUU y USAID de estar detrás de esta movilización. El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, desde Nueva York, dijo que la marcha por el TIPNIS recibe financiamiento del gonismo desde EEUU. “Hemos encontrado vínculos, nuevos vínculos entre la marcha, esa movilización política y el gonismo”, dijo Llorenti y explicó que uno de los ex cancilleres del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó la carta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en EEUU. Días antes, el presidente Evo Morales descalificó a la marcha tildándola de ser la “media luna indígena” en referencia a la desaparecida.
Finalmente, la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, llamó a las autoridades y a los indígenas a encontrar soluciones concertadas.
Después del incidente donde el Canciller Choquehuanca fue presionado para que acompañe 7 km la marcha y conseguir atravesar un cerco policial, el presidente había convocado a un diálogo pero horas antes del horario fijado los policías aparecieron en el campamento de los indígenas y los sorprendieron. Unas 15 personas recibieron heridas.
Mas de 400 marchistas fueron llevados por la fuerza a la localidad de San Borja, atrapados como no pasó ni con los gobiernos neoliberales tantas veces criticados por el actual gobierno.
La excusa del gobierno fue que la decisión de despejar la carretera fue del ministerio de justicia, pero fue desmentida hasta que día a día fueron renunciando, primero la ministra de defensa Cecilia Chacón hasta que el cuestionado Ministro de Gobierno Sacha Llorente presentó su dimisión.
Hubo un paro masivo en varias ciudades bolivianas convocado por la COB, previo a pedido de perdón del presidente, con la propuesta de llevar a referéndum en las poblaciones de involucradas. Los indígenas quieren que se respete la consulta previa, libre e informada que les compete a ellos sobre su territorio.
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