La Comisión de Especialistas de la Organización Internacional del Trabajo – OIT pidieron al gobierno brasileño que antes de continuar ejecutando la construcción de la hidroeléctrica en Belo Monte (la tercera más grande proyectada en el norte de Brasil) deberían consultar a los pueblos indígenas que viven en las márgenes del río Xingú si aceptan o no con esta obra que dañaría el frágil ecosistema que rodea a la zona, ubicada al norte del estado de Pará. 
El proyecto del consorcio Norte Energía tiene un costo de 11 mil millones de dólares y aspira a ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de la china Tres Gargantas (20.300 MW) y la binacional brasileño-paraguaya de Itaipú (14.000 MW), pero lo que no se dice es que el acelerado crecimiento industrial ha afectado a los recursos naturales de los ecosistemas amazónicos, siendo la hidroeléctrica Belo Monte la que dejaría un costo ambiental de grandes magnitudes: un lago de 516 km² que inundaría 400 mil hectáreas de bosque amazónico, un área más grande que el Canal de Panamá, expulsión de 40 mil poblaciones indígenas y locales y la destrucción de hábitats de variadas especies.
El informe agrega que Belo Monte podrá alterar la navegabilidad del Xingú, así como la fauna, la flora y el clima de la región. Para la OIT estos impactos “van más allá de la inundación de las tierras o de los desplazamientos de los referidos pueblos”.
En las recomendaciones la OIT aconseja al gobierno brasilero que tome las medidas necesarias para llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas afectados, antes de que los posibles efectos nocivos de la mencionada usina sean irreversibles.
El proyecto es criticado por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos como Survival International, pues anegaría una extensa área de tierra, desecaría partes del río Xingú, destruiría la selva y reduciría las reservas de peces imprescindibles para la supervivencia de distintos pueblos indígenas de la zona, como los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. También se dice que para ser viable, la represa de Belo Monte necesitaría de otras represas aguas arriba para garantizar un año de flujo circulante de agua, lo que significaría la inundación de más bosques.
El departamento de asuntos indígenas del Gobierno Brasileño, la FUNAI, ha afirmado que podría haber algunos indígenas no contactados en las cercanías de la presa. Para estos indígenas el riesgo sería mayor, pues tienen muy poca resistencia frente a enfermedades del exterior que podrían ser mortales para ellos.
Los indígenas kayapó y otros pueblos indígenas de la zona llevan protestando contra la presa desde que su construcción se propuso inicialmente en los años ochenta.
La Oficina del Fiscal General, junto con numerosas organizaciones locales e internacionales, ha pedido que se suspenda la licencia, alegando que los estudios de impacto medioambiental estaban incompletos y que los indígenas y demás personas que se verán afectadas no han sido debidamente consultadas.
Un primer proyecto de construcción de la represa de Belo Monte fue abandonada en la década de 1990, debido a protestas internacionales y nacionales.
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