La selva peruana se ha teñido de sangre. En poco más de 24 horas, el conflicto entre el Gobierno y las comunidades nativas se ha convertido en la crisis más grave que ha tenido que afrontar Alan García en su segundo mandato como presidente. Hasta el momento le ha costado la vida a 20 policías y un número aún no determinado de civiles (entre ocho y 25, según fuentes extraoficiales).
A los 11 agentes que cayeron el viernes en los enfrentamientos cerca de la localidad de Bagua, al noroeste del país, se tuvo que sumar ayer otros nueve uniformados, parte de un grupo de 38 que habían sido secuestrados durante la toma de una estación petrolera por parte de los indígenas.
El jefe de Estado Mayor de la policía peruana, general Miguel Hidalgo, confirmó que otros 22 agentes fueron rescatados en una operación del Ejército. Se desconoce el paradero de siete.
Los nativos, cerca de 5.000 pertenecientes a 65 etnias amazónicas, llevan casi dos meses en pie de guerra, bloqueando caminos y obstaculizando las operaciones petroleras y gasíferas en la zona. Su protesta es contra unos decretos legislativos que consideran inconstitucionales, pues atentan contra su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.
Aunque el Gobierno aceptó negociar y el Congreso ha revisado algunas de las normas, no se ha podido llegar a un compromiso. El viernes la sangre llegó al río cuando la policía intentó romper el bloqueo de una importante carretera y fue atacada con armas de fuego. Esta modificación legal es, según el Gobierno, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Acción subversiva
En represalia a la ofensiva policial, los nativos tomaron la estación 6 de PetroPerú, la petrolera estatal, e incendiaron al menos ocho locales públicos en la ciudad de Bagua.
"Nuestro país ha sido víctima de la agresión subversiva de quienes no pueden ganar elecciones y quieren ganar las decisiones a través de la violencia", declaró ayer el presidente Alan García, que fue acusado de genocidio por el líder de los indígenas, Alberto Pizango. Pizango dio una rueda de prensa en Lima el viernes, cuando se producían los ataques, y luego pasó a la clandestinidad. Pesan sobre él denuncias por sedición. Una emisora local aseguró ayer que podría haber huido a Bolivia.
El ministro de Defensa informó de que el puesto 6 de Imazita, tomado por los indígenas, "había sido recuperado" por las fuerzas de seguridad y que los 22 policías liberados se hallan a salvo en un cuartel militar.
El Gobierno asegura que hay tres civiles fallecidos en los enfrentamientos de ayer en Bagua, aunque fuentes médicas aseguran que son 25 los muertos entre los civiles. Los peores enfrentamientos de ayer ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima. Un helicóptero de la policía recibió impactos de bala, pese a que los indígenas aseguran no tener armas de fuego.
A los 11 agentes que cayeron el viernes en los enfrentamientos cerca de la localidad de Bagua, al noroeste del país, se tuvo que sumar ayer otros nueve uniformados, parte de un grupo de 38 que habían sido secuestrados durante la toma de una estación petrolera por parte de los indígenas.
El jefe de Estado Mayor de la policía peruana, general Miguel Hidalgo, confirmó que otros 22 agentes fueron rescatados en una operación del Ejército. Se desconoce el paradero de siete.
Los nativos, cerca de 5.000 pertenecientes a 65 etnias amazónicas, llevan casi dos meses en pie de guerra, bloqueando caminos y obstaculizando las operaciones petroleras y gasíferas en la zona. Su protesta es contra unos decretos legislativos que consideran inconstitucionales, pues atentan contra su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.
Aunque el Gobierno aceptó negociar y el Congreso ha revisado algunas de las normas, no se ha podido llegar a un compromiso. El viernes la sangre llegó al río cuando la policía intentó romper el bloqueo de una importante carretera y fue atacada con armas de fuego. Esta modificación legal es, según el Gobierno, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Acción subversiva
En represalia a la ofensiva policial, los nativos tomaron la estación 6 de PetroPerú, la petrolera estatal, e incendiaron al menos ocho locales públicos en la ciudad de Bagua.
"Nuestro país ha sido víctima de la agresión subversiva de quienes no pueden ganar elecciones y quieren ganar las decisiones a través de la violencia", declaró ayer el presidente Alan García, que fue acusado de genocidio por el líder de los indígenas, Alberto Pizango. Pizango dio una rueda de prensa en Lima el viernes, cuando se producían los ataques, y luego pasó a la clandestinidad. Pesan sobre él denuncias por sedición. Una emisora local aseguró ayer que podría haber huido a Bolivia.
El ministro de Defensa informó de que el puesto 6 de Imazita, tomado por los indígenas, "había sido recuperado" por las fuerzas de seguridad y que los 22 policías liberados se hallan a salvo en un cuartel militar.
El Gobierno asegura que hay tres civiles fallecidos en los enfrentamientos de ayer en Bagua, aunque fuentes médicas aseguran que son 25 los muertos entre los civiles. Los peores enfrentamientos de ayer ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima. Un helicóptero de la policía recibió impactos de bala, pese a que los indígenas aseguran no tener armas de fuego.
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