Al menos dieciséis personas murieron hoy durante el violento enfrentamiento entre policías y campesinos que resisten al desalojo de una reserva forestal en el departamento paraguayo de Curuguaty, 400 kilómetros al noreste de Asunción.
El ministro del Interior, Carlos Filizzola, confirmó que, hasta el momento, son siete policías y nueve campesinos los que perdieron la vida. “Hay siete bajas en el lado de la policía y por lo menos nueve bajas entre los ocupantes” de tierras, dijo en rueda de prensa en la residencia presidencial.
Filizzola dijo que “se trata de un caso puntual y que ya está dominado y controlado” y destacó la importancia del refuerzo militar que dispuso el presidente, Fernando Lugo. Afirmó categóricamente que no piensa renunciar a su cargo y que “tiene el respaldo del presidente”.
El funcionario recordó que “este no es el primer desalojo que realiza la policía”. "Muchos anteriores fueron pacíficos, pero nadie se enteró. Lamentamos lo ocurrido hoy” agregó.
“Los campesinos tienen armas de grueso calibre, como fusiles M-16”, dijo Walter Gómez, jefe de Investigaciones de Canindeyú, al canal 13 de televisión. El policía relató que entre los ocupantes, varios centenares, hay personas "que tienen un excelente manejo de armas".
“Ellos dispararon directamente a matar sobre nosotros. Estamos en una situación límite”, explicó en tono dramático el uniformado. Los ocupantes están liderados por Carlos Raúl Villalba, dijo Gómez. “La policía se presentó al desalojo y ellos dispararon directamente a matar y mataron”, denunció.
Por su parte, el presidente Fernando Lugo suspendió abruptamente sus actividades oficiales debido a que uno de los muertos es el comisario Erben Lovera, hermano del jefe de seguridad militar del mandatario, coronel Alcides Lovera.
El mandatario brindó su "máximo respaldo" a la tarea de las fuerzas de seguridad y adelantó su "solidaridad a los familiares de efectivos policiales fallecidos", indicó una nota oficial.
El presidente ordenó que las fuerzas armadas se sumen a la policía para respaldar el operativo en el predio rural del noreste del país. “Ordené a las fuerzas armadas a desarrollar su misión especifica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, dijo.
“Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión", expresó el presidente paraguayo, que afirmó que "todos los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán la calma y la tranquilidad a esta región del país".
Según informó el diario local ABC Color, el gobierno paraguayo no tiene certeza de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) haya atacado a los policías en Curuguaty. “No tenemos constancia. No tenemos datos hasta el momento. Eso no quiere decir que no se siga investigando”, manifestaron.
Autoridades informaron que se investiga la posibilidad de algún nexo entre el EPP y la emboscada contra policías, aunque aclaró que no es la primera vez que hay inconvenientes en la propiedad de Blas N. Riquelme.
La reserva forestal de 2.000 hectáreas se encuentra en el interior de la hacienda Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme.
“Hace veinte años declaramos como reserva forestal la zona boscosa pero desde el año pasado los campesinos la quieren para instalarse en ella. Los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar ordenaron el desalojo meses atrás, pero la Policía no pudo cumplir el mandato porque primero buscó que abandonaran el predio pacíficamente pero se negaron'', dijo José Riquelme, hijo del propietario.
El ministro del Interior, Carlos Filizzola, confirmó que, hasta el momento, son siete policías y nueve campesinos los que perdieron la vida. “Hay siete bajas en el lado de la policía y por lo menos nueve bajas entre los ocupantes” de tierras, dijo en rueda de prensa en la residencia presidencial.
Filizzola dijo que “se trata de un caso puntual y que ya está dominado y controlado” y destacó la importancia del refuerzo militar que dispuso el presidente, Fernando Lugo. Afirmó categóricamente que no piensa renunciar a su cargo y que “tiene el respaldo del presidente”.
El funcionario recordó que “este no es el primer desalojo que realiza la policía”. "Muchos anteriores fueron pacíficos, pero nadie se enteró. Lamentamos lo ocurrido hoy” agregó.
“Los campesinos tienen armas de grueso calibre, como fusiles M-16”, dijo Walter Gómez, jefe de Investigaciones de Canindeyú, al canal 13 de televisión. El policía relató que entre los ocupantes, varios centenares, hay personas "que tienen un excelente manejo de armas".
“Ellos dispararon directamente a matar sobre nosotros. Estamos en una situación límite”, explicó en tono dramático el uniformado. Los ocupantes están liderados por Carlos Raúl Villalba, dijo Gómez. “La policía se presentó al desalojo y ellos dispararon directamente a matar y mataron”, denunció.
El mandatario brindó su "máximo respaldo" a la tarea de las fuerzas de seguridad y adelantó su "solidaridad a los familiares de efectivos policiales fallecidos", indicó una nota oficial.
El presidente ordenó que las fuerzas armadas se sumen a la policía para respaldar el operativo en el predio rural del noreste del país. “Ordené a las fuerzas armadas a desarrollar su misión especifica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, dijo.
Según informó el diario local ABC Color, el gobierno paraguayo no tiene certeza de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) haya atacado a los policías en Curuguaty. “No tenemos constancia. No tenemos datos hasta el momento. Eso no quiere decir que no se siga investigando”, manifestaron.
Autoridades informaron que se investiga la posibilidad de algún nexo entre el EPP y la emboscada contra policías, aunque aclaró que no es la primera vez que hay inconvenientes en la propiedad de Blas N. Riquelme.
La reserva forestal de 2.000 hectáreas se encuentra en el interior de la hacienda Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme.
“Hace veinte años declaramos como reserva forestal la zona boscosa pero desde el año pasado los campesinos la quieren para instalarse en ella. Los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar ordenaron el desalojo meses atrás, pero la Policía no pudo cumplir el mandato porque primero buscó que abandonaran el predio pacíficamente pero se negaron'', dijo José Riquelme, hijo del propietario.
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