Las lluvias en Panamá no son responsables de las tragedias sociales.

El pueblo panameño es castigado de manera sistemática por las inclemencias sociales provocadas por las construcciones defectuosas y por las agresiones armadas de los gobernantes de turno. Todos los años, sin excepción, en la época en que la naturaleza arroja más agua sobre el istmo – el mes de noviembre – se producen las peores catástrofes: los ríos inundan las urbanizaciones de las principales ciudades del país, colapsan caminos y carreteras, y se desbordan represas y puentes.

Los gobiernos y los medios de comunicación inmediatamente anuncian que por culpa de la naturaleza se pierden vidas y viviendas. Lo mismo ocurrió el fin de semana pasada cuando los ríos desbordaron sus cauces y arrasaron con urbanizaciones en los distritos de Colón, Arraiján, La Chorrera y Capira. Perdimos cinco de nuestros mejores hijos. Las autoridades gubernamentales, con el presidente Ricardo Martinelli a la cabeza, denunciaron las lluvias como las culpables.

Echarle la culpa a la lluvia por la pérdida de vidas y propiedades es absurdo. Es igual que culpar al automóvil por la muerte de un peatón atropellado por la irresponsabilidad de un conductor ebrio. Igual sería decir que el arma de fuego es responsable de la muerte de alguien herida de bala. Todos sabemos que el conductor o el que dispara el arma son los responsables por sus actos. En el caso de las inundaciones hay que preguntarse quienes son los responsables.

La respuesta es sencilla. El problema es que las autoridades no quieren formular la pregunta. Los afectados, a su vez, son objeto de engaños y terminan creyendo que la lluvia o la naturaleza es la culpable. Los responsables de las tragedias son los que dan los permisos de construcción de las urbanizaciones que obstruyen el paso de los ríos y quebradas. Incluso, hay barriadas que se levantan sobre los lechos secos de ríos que sólo aparecen cuando las cabezas de agua en las serranías revientan y lanzan poderosas corrientes de agua en dirección al mar.

La semana pasada, la urbanización Nuevo Arco Iris de Colón, inaugurada hace cuatro meses, se hundió cuando las aguas buscaron su salida al mar por debajo de las casas. Arturo Alvarado, director del Sinaproc, en unas extrañas declaraciones dijo que ‘no se puede especular que las casas no están bien construidas. De no ser así, hubiera habido vidas que lamentar’. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, respondió señalando que hay que estudiar cómo se están haciendo estas barriadas.

En La Chorrera, una urbanización que tenía cuatro años de existir fue inundada por las aguas del río Caimito cuando la barrera construida este año para proteger otro proyecto de vivienda, desvió las aguas hacia la primera comunidad. Igual ocurrió a nivel de las carreteras que unen La Chorrera (desde el oeste) y la ciudad de Colón (desde el norte) con la ciudad de Panamá que fueron interrumpidas por las crecidas de los ríos.

Obviamente la solución es construir viviendas, urbanizaciones y carreteras en forma planificada teniendo en cuenta los cursos de los ríos. Además, no confundir tragedias naturales con aquellas provocadas por la mala planificación social y urbana de los gobiernos y sus especuladores asociados. El presidente Martinelli, en forma irresponsable, declaró inmediatamente que utilizará fondos del Canal de Panamá para cubrir los gastos que tendrán que realizar los afectados por la tragedia. Todos los proyectos deben tener seguros. Si no lo tienen el gobierno debe explicar porqué carecen del más mínimo resguardo. ¿Será porque al construir las urbanizaciones los especuladores y los gobiernos saben de antemano que son de alto riesgo por las fallas inherentes a su diseño?

 

El presidente Martinelli insinuó que las inundaciones podrían obligar al gobierno a utilizar créditos extraordinarios que aumentarían el presupuesto del gobierno. El incremento significaría tener que aumentar el déficit fiscal y endeudar aún más al país. A pesar de la magnitud de la tragedia, Martinelli no llamó a las unidades militares del SENAFRONT para contribuir con las tareas de rescate y limpieza que afectó un área que se extiende del océano Pacífico al Atlántico.

Como un "caldo de cultivo listo para el desastre" catalogó la directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield, la situación de Panamá. Según la activista ambiental y arquitecta, no se pueden evitar que las lluvias sean intensas, pero sí se puede mitigar sus efectos. Agregó que se deben cumplir con los planes de ordenamiento territorial ambiental. En el caso de los ríos Aguacate, Caimito y Trapichito en el sector oeste de la provincia de Panamá, las inundaciones afectaron un total de 650 viviendas. Mientras tanto, en los alrededores de la ciudad de Colón fueron afectadas otras 400 viviendas, aproximadamente.

La intensidad de las lluvias, normales en esta época del año, obligó a la Autoridad del Canal de Panamá a abrir las compuertas de las represas en Alajuela y Gatún para dejar pasar las aguas del río Chagres hacia el Caribe. En muchos casos, la construcción de barriadas se hace en zonas bajas, orillando los ríos, donde los inversionistas pueden especular con los bajos costos y los precios altos. Esta práctica ilegal es promovida por empresarios inescrupulosos, financieras (bancos) ávidas de ganancias y gobiernos corruptos.

 

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