Cinco policías con fusiles AK-47 están sentados fuera de su habitación. Manuin es el más destacado de los 48 manifestantes heridos en junio que irá a la cárcel apenas los doctores le den de alta, según la principal federación indígena del Amazonas peruano.
El enviado especial de la ONU, James Anaya, dijo la semana pasada que las negociaciones de buena fe para solucionar la disputa, en la que participan 350.000 indígenas, serán difíciles si el gobierno los trata como delincuentes.
Manuin es más directo: "La justicia para la indígena no existe. La policía es más valorada que nosotros y el gobierno no quiere reconocer su error", dijo el líder de 53 años.
Grupos indígenas en el Amazonas han bloqueado vías en la selva y los ríos intermitentemente desde agosto del 2008. Quieren que sean revocados los 11 decretos introducidos por el presidente Alan García cuando firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues los indígenas temen que llevarán a una toma masiva de tierras y recursos naturales por parte de compañías privadas.
Los críticos dicen que el gobierno ha errado al no considerar que la policía puede haberse excedido en el uso de la fuerza. Al menos 10 civiles y 23 policías murieron durante la protesta, según la oficina del representante de los ciudadanos peruanos.
"Llama la atención que mientras hay investigaciones abiertas y procesos encausados contra personas acusadas de la muerte de policías, no hay hasta ahora detenidos o implicados en cuanto a los abusos cometidos que derivaron en las muertes de los manifestantes de las comunidades indígenas o pobladores de Bagua", dijo Susan Lee, directora del programa de Amnistía Internacional en las Américas. Añadió que el grupo recogió testimonios de abuso policial.
Daysi Zapata, presidente de AIDESEP, la federación indígena que organizó los ataques, afirma que 120 indígenas enfrentan acusaciones penales, incluidos cargos de asesinato.
dura.
El ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, le dijo el lunes al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que los indígenas instigados por fuerzas externas son responsables por la violencia, y el gobierno no tiene intenciones de retirar los cargos.
"La toma de carreteras y la interrupción de servicios públicos es un delito", dijo Pastor.
Se espera que Manuin salga del hospital luego de una operación esta semana, y podría ser condenado a 35 años de cárcel por los actos del 5 de junio. El líder sostiene que quería negociar pero le dispararon al intentarlo.
"Si nos quieren arrebatar la Amazonia, nos la van a quitar con el derramamiento de sangre. Punto", agregó.
fuente: AP
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