"Se terminaron las vacaciones", decía ayer Nancy Hernández de la Federación de Padres y Madres de Venezuela cuando todavía era temprano en Caracas y la mayoría de los chicos pensaban que todavía faltaba más de un mes para volver a clases. Después a su voz se unieron las de los sindicatos de profesores, cámaras empresariales, maestros, periodistas, representantes de universidades. Y cuando era la tarde todos habían formado un frente común contra la reforma educativa del chavismo que sería sancionada el martes próximo y a la que acusan de ser "represiva".
El inciso 12 del artículo 49 del proyecto dice: "Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población". En ningún lugar se aclara el alcance de esos conceptos ni cómo es posible determinar esos efectos en los chicos. "En caso de infracción - agrega-, los órganos rectores en materia educación solicitarán a la autoridad la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano".
"Llamamos a un Día D, un Día Nacional de Protesta Nacional", anunció Víctor Márquez de la Asociación de Profesores universitarios. Será el martes que viene -el mismo día que la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, visitará Caracas-.
"Ese día la Asamblea Nacional (el Parlamento) planea sancionar la ley que reforma el sistema educativo", y que ya tiene la aprobación en la primera audiencia por parte de los diputados.
El proyecto de Ley Orgánica de Educación fue aprobada a última hora del miércoles y sorprendió a la oposición. Ayer después de analizar los 54 artículos las críticas crecieron. "Esta ley se aplica a la sociedad en su conjunto y sostiene la doctrina bolivariana y no la democracia que está asegurada por la Constitución de Venezuela", se quejaba Hernández.
Otras organizaciones denunciaron que en el proyecto apareció un nuevo artículo en el que se le da la atribución al gobierno para sancionar a los medios por sus contenidos. "Están metiendo camuflado la ley contra delitos mediáticos que fue frenada por la opinión pública", explicaba Hernández.
La Confederación Episcopal Venezolana también salió a hablar del tema. Ayer por la tarde emitió un duro comunicado contra el gobierno llamado "Vacaciones ocasión para trabajar por el bien común".
Los obispos se mostraron preocupados porque en este período de vacaciones de verano -que termina el 15 de septiembre- el gobierno aprovechó para aprobar de forma rápidas leyes fundamentales -como la ley electoral y ahora la educativa-; para cerrar emisoras radiales -que ya ayer eran 36- y para usar un discurso violento que fomentaron conflictos como el de Colombia por permitir a EE.UU. instalar bases militares allí.
A las palabras de los obispos se le sumaron la de la Cámara de Educación Privada. Su presidente directamente salió a decir que no cumplirán esta ley si es aprobada.
"Todo y cada uno de los actores del sistema educativo serán vigilados y esto también incluye a los medios de comunicación. Y habrá sanciones para quienes no apoyen la doctrina socialista. Los padres, por la nueva ley, no podremos elegir la educación para nuestros hijos", explicaba Octavio De Lamo. "Debemos decir con nuestros hijos no se metan", se quejaba.
Para la oposición, entre los fantasmas que sobrevuelan a esta ley está la potestad que cada vez más tendrá el Estado sobre la formación de los chicos. A estas acusaciones el ministro de Educación, Héctor Navarro, las calificó como "patrañas".
En el proyecto "no hay nada en contra de la educación privada, por eso es importante que se entienda que hay un montón de patrañas que han montado los medios de comunicación, algunos sectores de la Iglesia y algunos sectores de los colegios privados que tienen intereses", aclaró.
El proyecto legislativo tampoco prevé quitar a los padres la patria potestad de sus hijos, dijo Navarro, quien junto al presidente Hugo Chávez, en el gobierno desde hace una década y con mandato hasta el 2012, han rechazado de forma repetida esa versión.
"No nos hemos metido con la patria potestad porque ese no es ámbito de la Ley Orgánica de Educación. Al contrario, en la ley decimos el papel de la familia en el tema educativo y en el de la formación de valores", aseguró el funcionario chavista.
fuente: Clarín
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