El Gobierno se reconcilió con el FMI, pero no quiere que se note tanto. Esa parece ser la formula que planteó el gobierno argentino para que una misión del Fondo vuelva a auditar las cuentas argentinas, pero condicionado a que no emita un dictamen crítico sobre la política económica doméstica.
Urgido por la necesidad de contar con financiamiento privado interno y externo, el ministro Amado Boudou emprendió la tarea de seguir el camino que le venían exigiendo los acreedores financieros, el establishment, gran parte de los economistas de la oposición y del oficialismo, y el propio FMI. Y fue saludado por “los mercados” con una espectacular alza de los precios de los bonos, con la consiguiente caída del “riesgo país”.
Así, aunque el Gobierno quiere ahora bajarle el tono político, lo real es que la vuelta al Fondo se complementa con la reprogramación de la deuda con el Club de París y la reapertura del canje de la deuda, dos tareas que fueron señaladas ya en 2006 por la última misión del FMI que auditó a la Argentina.
En la agenda oficial inmediata no figura pedirle créditos al FMI – en las actuales circunstancias tampoco los otorgaría — sino normalizar las “relaciones institucionales” como un certificado para renegociar con el Club de París y los bonistas, y luego explorar cómo colocar deuda en los mercados internacionales.
Lo que le preocupa al Gobierno argentino es que, aunque normalice el pago de todas esas deudas, el dictamen critico de la política económica que difundiría cualquier misión del Fondo podría actuar como un disuasivo para obtener el ansiado financiamiento externo.
Finalmente los “mercados internacionales” toman en cuenta la opinión del Fondo tanto si es elogiosa como crítica. Y ni qué hablar si se alcanzara un acuerdo para que el Fondo no difunda su dictamen, si no cuenta con la aprobación del gobierno argentino.
Un adelanto del cuestionamiento fondomonetarista a la política oficial la experimentó el gobierno argentino cuando, a fines de agosto en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, el director de Investigaciones Económicas del FMI, Olivier Blanchard, criticó la política de acumulación de reservas e incluso los intercambios de monedas acordados con China y Brasil, y planteó que era más conveniente y barato contar con un “seguro de liquidez” como el que otorga el propio FMI. Apenas unos días antes, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre, fue terminante al señalar que la única condición para acceder a esta línea es que los países tengan “un conjunto de reglas sobre cómo hacen que su política macroeconómica sea sostenible”. Detrás de estos planteos, afloran las críticas a las políticas monetaria y cambiaria seguidas por la Argentina.
Estos antecedentes, y otros, no impidieron que, para justificar la vuelta al FMI, Boudou sostuviera que quien cambió no fue el gobierno argentino sino el Fondo. Y que ahora existiría “un nuevo FMI” porque la crisis internacional habría puesto un punto final al “paradigma del libre mercado”, generando un Nuevo Orden Mundial bajo la “impronta” del Grupo de los 20.
Lo “nuevo” sigue “viejo”
Los últimos acuerdos marcan que, adaptadas a las nuevas condiciones y aún bajo los efectos de la crisis global, se mantienen las “viejas recetas” del FMI. Un ejemplo es la Línea de Crédito Flexible (LCF) creada para asistir a los países afectados por la crisis internacional. Si bien esos créditos son precautorios y no están condicionados al cumplimiento de metas, como ocurre con los programas tradicionales, el FMI aclara que “esta flexibilidad en el acceso se justifica porque los estrictos criterios de calificación a la LCF proveen garantías de que el país mantendrá políticas económicas sólidas para enfrentar los retos que se presenten”.
Hasta ahora, 3 países— Colombia, México y Polonia—recibieron esta Línea de Crédito Flexible.
En el caso de Colombia, con una línea de US$ 10.500 millones, el FMI dice que lo mereció porque “la solidez de los fundamentos y marcos institucionales de Colombia, la comprobada trayectoria de implementación de políticas económicas sanas y el seguro adicional que provee la LCF dan confianza en la capacidad de las autoridades para enfrentar los riesgos y presiones potenciales que surgirían si se materializa un mayor deterioro del las condiciones globales”.
Para México, el FMI aprobó un acuerdo por un año por US$ 47.000 millones, asegurando que “este acceso flexible es posible gracias a los muy sólidos historiales de los países que son elegibles para utilizar la LCF, lo que da plena confianza en que seguirán aplicando políticas económicas firmes”.
Polonia recibió una línea de u$s 20.500 millones porque “tiene un largo historial de políticas económicas acertadas” y “sus parámetros fundamentales de la economía y su marco de política económica son robustos, y las autoridades polacas han demostrado el compromiso de mantener este buen historial”.
Todos estos calificativos no podrían usarse eventualmente para el caso argentino.
Respecto de los últimos acuerdos en América latina, se destaca el de Costa Rica. Allí el Fondo plantea que “deberá reducir el déficit fiscal” y que para lograrlo “se requerirá una reforma tributaria que permita aumentar los ingresos por lo menos un 2% del PBI”. También, que “respalda el aumento gradual de la flexibilidad del tipo de cambio” y la necesidad de una “recapitalización” del Banco Central.
Con El Salvador, el FMI dice que “mantuvo fructíferas conversaciones sobre un nuevo marco macroeconómico y una nueva meta de déficit fiscal para 2009-10”, para agregar que “la misión encomió a las autoridades por la presentación de la ley de supervisión financiera ante el Congreso e instó a la pronta aprobación de esta ley. Y subrayó la necesidad de seguir monitoreando de cerca al sector financiero”.
Con la República Dominicana, entre los compromisos de un acuerdo stand-by por unos US$ 1.700 millones figura “un programa ambicioso de reformas estructurales; entre ellas, mejoras de la administración tributaria y una drástica reducción y racionalización de las exenciones tributarias; reformas del sector de la electricidad; afianzamiento de la supervisión bancaria; implementación de un marco de metas de inflación; y una estrategia de desarrollo de los mercados de capital nacionales y de la gestión de la deuda pública”.
Aun con todos estos antecedentes, el economista Héctor Gambarotta sostiene que “no hay que satanizar el monitoreo del FMI, ya que si el Gobierno sigue mostrando su apego al equilibrio fiscal y la disciplina monetaria tal como lo ha hecho hasta ahora, no habrá razones para que el Fondo pueda objetar el esquema de política económica que se está llevando adelante”. Y agrega: “Un acceso fluido al mercado internacional de crédito voluntario en momentos de una marcada abundancia de liquidez a escala mundial que mantiene, y mantendrá por largo tiempo, las tasas de interés llamativamente bajas, le facilitará al gobierno de Cristina llegar al término de su mandato con una economía en expansión, al poder financiar con relativa holgura sus vencimientos de deuda pública”.
En cambio, el ex ministro Aldo Ferrer insiste en que en “el orden mundial emergente, después de la resolución de la crisis actual, seguramente seguirán prevaleciendo las reglas de la globalización administradas por la OMC, el FMI y la OMPI (propiedad intelectual), las cuales seguirán siendo fuertemente influidas por los intereses y las visiones de los países centrales. Habrá, probablemente, mayor flexibilidad en las normas pero sin cambios sustantivos en el comportamiento de estas organizaciones que reflejan, esencialmente, los intereses de los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y, presumiblemente, en el futuro, China. Es inconcebible, por ejemplo, que el FMI apoye programas con tipos de cambio de equilibro desarrollistas (TCED) que estimulen la industrialización de la periferia. Seguramente seguirá insistiendo en tipos de cambio de equilibrio de mercado (TCEM)”.
fuente: iEco Clarin
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